Mientras la protesta por el ajuste a los haberes de los jubilados convertía al Congreso y sus adyacencias en un verdadero infierno de violencia, el gobierno de Javier Milei daba los últimos retoques al decreto de necesidad y urgencia (DNU), con el que amplió el presupuesto 2025 y le destinó más de $7000 millones de pesos al área de inteligencia.
